Recursos económicos

Los incendios forestales de 2019 en Bolivia fueron los que tuvieron un mayor impacto a nivel nacional e internacional. Pusieron en evidencia la falta de un plan de prevención y de presupuesto para gestionar las áreas protegidas. “Algo que siempre ha sido una gran debilidad”.
La institución Sernap comenzó funcionar en la década de los 90 con financiamiento internacional para los primeros 15 años. El compromiso del Estado boliviano era trabajar en estrategias financieras de autogestión a largo plazo. Algo que nunca se logró. En noviembre de 2019, el déficit era de 22 millones de bolivianos (3,1 millones de dólares), de un presupuesto anual de 70 millones de bolivianos (10 millones de dólares) para las 22 áreas protegidas de Bolivia. Alrededor de 500 funcionarios trabajaban para gestionar estas áreas, de los cuales 300 eran guardaparques.
En 2020 por la pandemia los 14 parques nacionales habilitados para el turismo dejaron de recibir visitantes. Se estima que solo la Reserva Eduardo Avaroa, perdió 7,7 millones de bolivianos (1,1 millones de dólares), según un documento de la Dirección de Planificación del Sernap. Durante siete meses ningún área nacional recibió dinero para gastos operativos del Estado. “En muchas de ellas el tema logístico lo solventaba el apoyo de ONG, instancias amigas, comités de gestión, o el propio personal que con sus recursos financiaba gasolina”, asegura Miranda (la antigua directora de Sernap).
En el caso de El Palmar, Sardán sentencia que entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 no recibió “un solo boliviano”, por lo que cuando ocurrieron los incendios, tuvo que recurrir a la empresa privada, la Gobernación de Chuquisaca y el municipio de Presto para atender la emergencia, tambien la plataforma ciudadana cruceña Alas Chiquitanas Voluntarios, que en la pasada gestión apoyó a 15 áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, en seis de los nueve departamentos del país. En otras áreas del Chaco y Chiquitania, los fondos para atender la emergencia tardaron en llegar por problemas burocráticos. Durante el gobierno de transición, que duró de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, se logró activar un fondo fiduciario de la organización ambiental The Nature Conservancy que es ejecutado por la FAN en Bolivia. Este fondo se había suspendido durante la gestión del expresidente Evo Morales. “Acudimos a la ministra (de medio ambiente y agua) de la época y logramos que el Gobierno de Bolivia autorice y apruebe el financiamiento a la protección en general, pero pusimos un fuerte componente del tema incendios. Con eso logramos dotar a las brigadas”, detalla el exdirector del parque Noel Kempff Mercado.
Respecto al Presupuesto Operativo Anual (POA) 2021, Teodoro Mamani, director del Sernap, la institución recibe del Tesoro General de la Nación (TGN) solo el 23 % de los recursos que necesita, nada más para los sueldos”. El resto llega del apoyo de Países Bajos. “La Unión Europea nos está apoyando con 14 millones de bolivianos (2 millones de dólares), por lo que uno de nuestros objetivos es gestionar más recursos económicos. Hay gente que está trabajando diez o más años con contrato (eventual) porque no hay ítems suficientes”, lamenta. Se busca reabrir los parques nacionales habilitados para el turismo, como una medida para generar recursos económicos, pero en este momento, el único que tiene certificación internacional de bioseguridad es Toro-Toro, en Potosí.

Un nuevo año de incendios para Bolivia ha ingresado a un ciclo no circunstancial, en el que los incendios vuelven a aparecer año tras año. Cuando acaban las lluvias, los focos de calor comienzan a aumentar de manera paulatina, hasta que llegan a su punto más álgido en la época de chaqueo y/o sequía. Entre los meses de agosto y noviembre se ha hecho costumbre que los incendios ocupen un lugar importante en la agenda nacional y, junto a ello, la impotencia de ver cómo se van destruyendo millones de hectáreas de bosques, con los impactos socio ambientales que ello implica.
Los últimos dos años (2019 y 2020) han sido los mas desastrosos en ese sentido. En 2019 por la magnitud de las áreas afectadas por los incendios, fueron 5.3 millones de hectáreas quemadas, lo que implica que fue el año con mayor afectación por el fuego, en especial en el departamento de Santa Cruz. En cambio, en 2020, si bien la extensión territorial total afectada disminuyó, fue el año en que resultaron quemadas una mayor cantidad de áreas protegidas y bosques.

Los incendios tienen que ver no solo con el calentamiento global y el aumento de las sequías, sino también con un modelo productivo y un conjunto de actividades relacionadas, que imponen una gran presión sobre distintos territorios, incluso sobre algunos que no son considerados aptos para la actividad productiva.
Bolivia es el país que más quema en la Amazonía. El reciente informe publicado por la Red
Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que se titula “Amazonía bajo presión”, señala que Brasil y Bolivia contienen el 93% de las áreas afectadas por los incendios en la región amazónica, entre los años 2001 y 2019.
En el caso de Brasil, estos incendios afectaron a más de 866 mil kilómetros cuadrados (km2), mientras que en el caso boliviano afectaron a más de 190 mil km2. La diferencia radica en que Brasil concentra en su territorio el 61,8% de la Amazonía, mientras que Bolivia solo tiene el 8,4% de esta región.
Según este informe: “entre 2001 y 2019, el 13% de la Amazonía fue afectada por el avance del fuego. Esta superficie, de 1,1 millones de km2, equivale a todo el territorio de Bolivia. El promedio anual de superficie afectada por incendios forestales, en la región, es de 169 mil km2, lo que se traduce en quemar prácticamente el equivalente a la extensión de Uruguay cada año, durante casi dos décadas”.
“Entre los nueve países amazónicos, el más afectado por los incendios, en términos
proporcionales, es Bolivia, con una afectación que alcanza al 27% de su territorio amazónico. En Brasil, esta cifra es de 17%, para Venezuela 6% y en Colombia 5%”. El 84% de la deforestación de la Amazonía es producto de la actividad agropecuaria, según datos de RAISG. Los principales departamentos que presentaron daños por el fuego fueron Santa Cruz y Beni, donde se produjo el 94,5% de todos los incendios del país. Según datos del informe «Fuego en Santa Cruz» de la Fundación Tierra, en el departamento cruceño se quemaron más de 3,6 millones de hectáreas.

Causas y Normas que no ayudan La deforestación causada por los monocultivos también es un problema que avanza en Bolivia.
Este año la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch registró solo entre enero y octubre 11.693 alertas de deforestación dentro del Área Protegida Municipal Laguna Concepción, en Santa Cruz. Los responsables de esta pérdida de bosque en una zona altamente biodiversa son las colonias menonitas que manejan grandes plantaciones de soya. Actividades relacionadas con la ganadería y la minería son también causantes de quemas y deforestación en la región amazónica.
Bolivia cuenta con un marco jurídico que promueve o permite actividades incendiarias
relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola. Entre esta normativa está la Ley N° 337, de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques de 2013; la Ley N° 502, de ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337, de 2014; la Ley N° 739, de modificación de las leyes N°337 y N°502, de 2015; y la Ley N° 952, de 2017. Todas
estas consideradas como leyes del "perdonazo" del desmonte ilegal.
En referencia a la normativa que permite directamente la quema, está la Ley N° 741, de
autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades, del 2015; la Ley N° 1171, de uso y manejo racional de quemas, de 2019. Dentro de este paquete también está el D.S. N° 3973, que autoriza desmontes y quemas en el Beni.