REVOLUCIÓN VERDE DEL SISTEMA FINANCIERO
Opinión | Danitza Guzmán
En Bolivia casi no hablamos del sistema financiero. Lo mantenemos en un segundo plano, como si fuera un asunto exclusivo de economistas, reguladores y banqueros. Pero el sistema financiero no es un espacio técnico aislado, es un termómetro del país. Refleja nuestras prioridades, nuestras debilidades y la forma en que entendemos el desarrollo.
Hoy, ese termómetro marca una alerta. El sistema financiero boliviano muestra señales claras de vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos que ya están afectando nuestra economía. Sequías, incendios, estrés hídrico y pérdidas productivas no son solo problemas ambientales; son impactos directos sobre créditos, inversiones, seguros y estabilidad económica.
El espejo que antes evitábamos mirar ahora nos obliga a hacerlo.
Y lo que vemos no es cómodo, pero es necesario: Bolivia necesita adaptar su sistema financiero a una realidad climática que ya no puede ignorarse.
La economía boliviana no está preparada para enfrentar los riesgos climáticos.
Por eso urge crear condiciones para encaminar su evolución hacia un modelo donde las y los bolivianos sean verdaderamente beneficiados.
En la conferencia magistral de Martín Rapp, fundador de MasterMinds, durante el V Foro Internacional de Finanzas Sostenibles hacia el Bicentenario, quedó claro por qué es imprescindible mirar hacia atrás para entender dónde estamos parados. Vale decir que esta columna nace justamente inspirada en la lucidez y claridad de esa ponencia.
Bolivia fue pionera mundial en microfinanzas. “Made in Bolivia” no es un eslogan, fue una revolución silenciosa que nació desde la ciudadanía y sus necesidades, del pequeño productor, de la comerciante, de la mujer emprendedora. Una innovación que marcó un antes y un después en inclusión financiera y que demostró que sí podemos crear soluciones propias para nuestra realidad plural.
Con el tiempo, la estabilidad se convirtió en el objetivo central. Avanzamos en bancarización, fortalecimos instituciones y ordenamos la agenda financiera. Ese proceso permitió crecimiento y certezas. Pero mientras nosotros consolidábamos esa estructura, el mundo cambió de rumbo.
Las economías más competitivas del planeta están migrando hacia la descarbonización, la gestión del riesgo climático y el financiamiento sostenible. Y Bolivia enfrenta hoy una pregunta que ya no admite postergaciones.
¿Cómo construir un sistema financiero capaz no solo de resistir el cambio climático, sino de impulsar las soluciones que el país necesita?
La respuesta tiene dos dimensiones que deben abordarse con urgencia y fue explicada por Martín Rapp.
1. Mitigar los riesgos climáticos
Nuestro país ya es uno de los más vulnerables de la región. Incendios que arrasan bosques, crisis hídrica prolongada, ciudades sin planificación climática, producción agrícola amenazada. Todo esto tiene un costo económico enorme.
Integrar los riesgos climáticos en créditos, inversiones, seguros y planificación pública no es ambientalismo “romántico”; es gestión básica de riesgo financiero.
Y hago aquí una pausa necesaria; como ingeniera ambiental, no puedo negar que necesitamos una gobernanza ambiental mucho más sólida. Lo estamos haciendo mal, y seguir ignorándolo solo aumenta nuestra vulnerabilidad económica y social.
2. Aprovechar las oportunidades de la transición verde
El mundo está abriendo mercados en energías limpias, turismo sostenible, bioeconomía, restauración ecológica y tecnología climática. Bolivia tiene ventajas comparativas, pero para aprovecharlas necesita:
Proyectos bancables,
reglas claras,
instituciones fuertes,
y mecanismos reales para movilizar capital hacia actividades que regeneren territorios y generen empleo.
No basta con discursos sobre economía verde, necesitamos arquitectura financiera que haga posible esa transición.
Un cambio estructural impostergable
La transformación que Bolivia requiere se resume así:
Riesgo climático + financiamiento sostenible deben ser la columna vertebral del sistema financiero.
Para que Bolivia transite hacia un sistema financiero moderno, es indispensable adaptar los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) a su propio contexto. No se trata de copiar modelos internacionales, sino de construir un marco que refleje nuestra biodiversidad, nuestra estructura productiva, las particularidades territoriales y los desafíos ambientales que enfrentamos. Alinear ESG a la realidad boliviana permitirá que empresas, bancos y proyectos midan riesgos y oportunidades de forma más precisa, evitando criterios impuestos y promoviendo estándares que realmente generen impacto.
El país necesita dejar de depender de herramientas importadas y comenzar a crear instrumentos financieros diseñados desde Bolivia para Bolivia, como por ejemplo líneas de crédito climáticas para pequeños productores, mecanismos de garantía para proyectos de agua y resiliencia, o fondos locales para restauración ecológica. Instrumentos propios permitirían democratizar el financiamiento sostenible y generar confianza interna y externa, mostrando que el país tiene capacidad técnica y visión estratégica.
En este sentido los municipios son la primera línea frente a incendios, sequías, inundaciones, contaminación y pérdida de ecosistemas. Sin embargo, la mayoría trabaja con presupuestos mínimos y sin personal técnico especializado. Fortalecer su gestión es clave; significa dotarlos de financiamiento directo, herramientas de planificación climática, asistencia técnica y capacidad normativa. Solo así podrán liderar acciones de adaptación, control de uso de suelo y protección de fuentes de agua, funciones que hoy son críticas para su población pero que realizan con recursos insuficientes.
El sistema productivo boliviano no puede seguir operando como si el clima no estuviera cambiando. Modernizar las cadenas implica incorporar trazabilidad sin deforestación, eficiencia hídrica, manejo sostenible de suelos, energía limpia y normas de calidad que abran mercados internacionales. Sin esa actualización, Bolivia continuará perdiendo competitividad y dependerá de exportaciones vulnerables a restricciones ambientales globales. La modernización productiva es una oportunidad para diversificar y lograr valor agregado real.
La innovación climática debe convertirse en una apuesta estratégica del país. Esto incluye energías renovables, biotecnología no transgénica, soluciones basadas en la naturaleza, monitoreo satelital, inteligencia artificial para agricultura, revalorización de saberes indígenas y soluciones comunitarias de adaptación. La innovación no es un lujo: es la herramienta que permitirá al país enfrentar los impactos del cambio climático y, al mismo tiempo, abrir nuevos nichos económicos.
Bolivia no puede permitirse caer en la trampa del greenwashing: proyectos que se pintan de “verdes” para atraer financiamiento o aceptación social, pero que no tienen impactos reales. Como señaló la embajadora de Suecia en Bolivia Johanna Teague, “no va haber finanzas que no son sostenibles”. La credibilidad del país, el acceso a financiamiento internacional y la confianza de la ciudadanía dependen de que cada proyecto que se presente como sostenible lo sea de verdad, con métricas claras, auditorías independientes y beneficios verificables para la gente y la naturaleza.
Un sistema financiero verde significa tres cosas:
Verde, porque financia soluciones ambientales reales, no etiquetas.
Inclusivo, porque llega a quienes hoy están fuera del sistema.
Resiliente, porque protege la economía de los choques climáticos que ya están aquí.
Bolivia ya lideró una revolución. Puede hacerlo de nuevo.
No partimos de cero. Ya fuimos referencia mundial con las microfinanzas.
Podemos liderar una nueva revolución, ahora desde las finanzas verdes.
La pregunta es si tendremos el valor de hacerlo bien o si esto terminará siendo una moda más disfrazada de “para esto hay dinero”.
Los países que ignoren esta transición perderán competitividad, mercados e inversión. Los que actúen a tiempo construirán economías modernas, capaces de cuidar sus ecosistemas y generar prosperidad real.
No integrar la tematica ambiental en las finanzas ya no es un error técnico, es una negligencia histórica.
Bolivia es demasiado vulnerable para seguir postergando decisiones que ya son impostergables. El país necesita una nueva revolución; una que nos devuelva liderazgo, una que haga de la resiliencia una política de Estado y una que nos permita proyectar el futuro con certidumbre, no con temor. Esa transformación no comenzará en los discursos, sino en un lugar al que casi nunca miramos; en las finanzas, donde se define qué país queremos construir y qué futuro estamos dispuestos a asegurar.
