EL AVANCE DE LA MINERÍA A ZONAS VULNERABLES Y SUS CONSECUENCIAS
El avance de la frontera minera en zonas vulnerables ha desencadenado desafíos sociales y ambientales de enorme magnitud que exigen una atención urgente. Impulsada por políticas gubernamentales que priorizan el crecimiento económico a corto plazo, esta expansión afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y campesinas. Estas poblaciones, que han habitado y cuidado sus territorios durante generaciones, observan cómo sus tierras son divididas y asignadas para la explotación minera, particularmente del oro, sin que se respete su derecho a la consulta previa y sin su consentimiento.
Una zona vulnerable en el ámbito minero se considera para esta análisis en un área geográfica que, debido a sus características intrínsecas (ecológicas, sociales, geológicas, hidrogeológicas, entre otros.) y a su exposición a actividades mineras, presenta una alta susceptibilidad a sufrir impactos negativos significativos y duraderos, tales como la degradación ambiental, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y los efectos adversos en la salud humana.
Tomando en cuenta la investigación liderada por Alfredo Zaconeta y reflejada en el reportaje de Jimena Mercado para el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en la que se destaca cómo las políticas que promueven la actividad minera han desencadenado una fiebre del oro en regiones como el departamento de Pando y como este fenómeno ha traído consigo profundos impactos socioambientales, con comunidades desplazadas, prácticas productivas tradicionales abandonadas y paisajes irreversiblemente modificados por la extracción. Nos ha impulsado a seguir hablando del tema para que se pueda hacer un mejor eco de la información con un contexto diferente pero complementario.
La problemática minera en Bolivia se extiende a nivel nacional, afectando diversos factores ambientales y sociales. Es crucial reflexionar sobre el alcance de estas prácticas y las consecuencias que generan, tanto en los ecosistemas como en las comunidades que dependen de ellos.
Un ejemplo claro es el uso del agua. Las empresas mineras, en su proceso de extracción, utilizan grandes volúmenes de agua, muchas veces destinada al consumo humano. Sin embargo, esta agua, una vez utilizada, es desechada en condiciones contaminadas, cargada de metales pesados y químicos tóxicos, poniendo en riesgo las fuentes de agua potable y afectando gravemente la salud pública y los ecosistemas acuáticos. Este abuso de los recursos hídricos no solo compromete el acceso al agua limpia, sino que también altera los ciclos naturales de regeneración de los cuerpos de agua.
El suelo también se ve gravemente afectado. La minería, al promover el cambio de uso de la tierra, deja el suelo infértil y erosionado. Esto se debe a la deforestación y la exposición constante del terreno a productos químicos propios de la actividad minera. Una vez agotados los recursos mineros, el suelo queda incapaz de sostener cualquier actividad productiva, eliminando posibilidades de reforestación o cultivos agrícolas futuros, lo que perjudica tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.
Además del impacto ambiental, existe una estrategia de captar a líderes comunitarios por parte de las empresas mineras. Esto se realiza con el objetivo de que estos líderes acepten y promuevan el cambio de patrones económicos productivos. Sin embargo, esta táctica genera divisiones profundas en las comunidades.
Al ganarse el favor de algunos líderes, las empresas fragmentan el tejido social, dejando a los sectores más vulnerables y menos informados a merced de las decisiones empresariales, muchas veces sin entender completamente las consecuencias a largo plazo.
Desde un enfoque técnico, este panorama se ve aún más complicado en el contexto de la consulta previa que lo lleva adelante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la consulta pública, un proceso clave para la obtención de la licencia ambiental por parte de la autoridad ambiental competente. A pesar de que estas consultas deberían permitir la participación activa y el consentimiento informado de las comunidades afectadas, el descontento y las incertidumbres raramente se manifiestan. Las presiones externas, la falta de información clara y las dinámicas de poder dentro de las comunidades hacen que muchas personas simplemente callen, sin expresar abiertamente sus preocupaciones o desavenencias.
La falta de transparencia y la captación de voces claves comprometen no solo la calidad de vida de las personas involucradas, sino también la integridad de los ecosistemas, que quedan expuestos a un daño irreversible. Es fundamental que se promueva una consulta pública genuina, donde todos los actores puedan expresar sus opiniones libremente y donde el desarrollo económico no se imponga a costa del bienestar ambiental y social.
Es aquí donde la resistencia de algunos grupos cobra especial relevancia. Estos colectivos, conscientes de los riesgos ambientales y sociales que enfrentan, luchan por proteger sus territorios, defendiendo sus derechos y modos de vida tradicionales. Sin embargo, sus esfuerzos suelen ser invisibilizados o minimizados, a pesar de que sus demandas apuntan a un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con la naturaleza.
Es urgente replantear los procesos de consulta y asegurar que las decisiones sobre el uso del territorio cuenten con la participación plena e informada de las comunidades afectadas, priorizando el bienestar ambiental y social sobre los intereses económicos de corto plazo.
La expansión de la minería en zonas vulnerables debe ser reconsiderada con un enfoque que privilegie los derechos de las comunidades locales y la protección del medio ambiente, promoviendo alternativas sostenibles que equilibren el desarrollo económico con la justicia social y ecológica.
Por: Danitza Guzmán Ramírez
Bajo mi sombrero verde
