MUJERES INDÍGENAS EN RESISTENCIA CONTRA LA MINERÍA E HIDROCARBUROS
En Bolivia, las mujeres indígenas desempeñan un papel crucial en la defensa de los territorios y el medio ambiente frente a los impactos destructivos de los proyectos extractivos, especialmente en minería e hidrocarburos. Estas luchas no solo buscan proteger los derechos colectivos de las comunidades, sino también resguardar la tierra, un elemento vital para la vida comunitaria y cultural. Los proyectos extractivos degradan los ecosistemas, destruyen modos de vida ancestrales y crean desconexión entre las comunidades y su entorno (Miranda Hernández, 2024).
CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO DEL EXTRACTIVISMO EN BOLIVIA
Desde la bonanza hidrocarburífera impulsada por la Ley de Hidrocarburos (2005) hasta la expansión minera actual bajo la Ley Minera y Metalúrgica No. 535 (2014), Bolivia ha estructurado gran parte de su modelo económico en torno a la extracción de recursos naturales. Estas leyes han permitido que empresas nacionales e internacionales operen incluso dentro de territorios indígenas y áreas protegidas. El Estado ha justificado este modelo bajo el argumento de que los ingresos generados financian programas sociales y el desarrollo nacional. Sin embargo, este enfoque ha ignorado los altos costos sociales, culturales y ecológicos, afectando desproporcionadamente a las comunidades indígenas.
DATOS CLAVE SOBRE EXTRACTIVISMO Y MUJERES INDÍGENAS EN BOLIVIA
Mujeres indígenas afectadas por proyectos extractivos: Según el informe “Hablemos de nuestros derechos territoriales y ambientales” de CEJIS (2023), las mujeres indígenas en Bolivia enfrentan múltiples desafíos debido a los proyectos extractivos, incluyendo la pérdida de acceso al agua, la contaminación de sus territorios y la erosión de sus medios de vida tradicionales. Estas afectaciones son generalizadas entre las comunidades indígenas del país.
Áreas protegidas amenazadas actualmente: Bolivia cuenta con 190 áreas protegidas que albergan el 47% de su bosque total. Sin embargo, el 94% de la deforestación ocurre fuera de estas zonas. El SERNAP identificó diez áreas protegidas amenazadas por actividades mineras, lo cual compromete la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estas áreas proveen.
Estadísticas de deforestación y conflictos socioambientales: Bolivia ocupa el tercer lugar en deforestación a nivel mundial. Entre 2002 y 2023, perdió aproximadamente el 10% de su bosque primario húmedo (4.19 millones de hectáreas). En 2023, se reportaron 103 conflictos sociales, muchos relacionados con actividades extractivas que afectan directamente a las comunidades indígenas.
DENUNCIAS
En el Parque Nacional Aguaragüe, las mujeres denuncian que la perforación petrolera ha secado manantiales vitales para el consumo humano. “Nuestro sistema de agua se está secando. Nadie nos consultó. Hace tres años que no hay agua por culpa de la planta petrolera”, relata Martina Vásquez, lideresa comunitaria (Aclo, 2019). Este testimonio refleja un incumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, garantizado por la Constitución boliviana y tratados internacionales, que se reduce a un simple formalismo.
En Tarija, mujeres guaraníes como Cecilia Choque y Yenny Noguera han sufrido los efectos de los derrames de petróleo. “Mi ganado murió tras beber agua contaminada y nunca nos compensaron”, denuncia Cecilia (Paredes & Fernández, 2023). La explotación petrolera no solo contamina fuentes de agua y destruye ecosistemas, sino que también afecta la base económica, cultural y espiritual de los pueblos indígenas.
En la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, las mujeres resisten la incursión de empresas petroleras con firmeza. “Hemos decidido no permitir que trabajen aquí, aunque eso signifique arriesgar nuestras vidas. Antes teníamos tierra para cultivar y agua pura para beber”, afirman en comunidad (El País, 2019). Estas voces expresan una decisión colectiva: preservar el territorio como herencia para las futuras generaciones, a pesar de la violencia y la presión del modelo extractivista.
Además de las agresiones ambientales, las mujeres enfrentan agresiones institucionales. Barbarita Mesa, del Comité de Defensa de Chiquiacá en Tarija, denuncia: “Hemos sido atropelladas por la Policía que llegó a inaugurar nuevos pozos en Tariquía, cuando aún teníamos reuniones pendientes con el Gobierno” (Paredes I. A., 2023). En muchos casos, la consulta previa se convierte en un acto de imposición, sin respetar los tiempos, las voces ni las decisiones de las comunidades.
En el altiplano, el ayllu Acre Antequera enfrenta la devastación causada por la minería. Ríos secos, tierras infértiles y el silencio de la fauna sustituyen la vitalidad de su entorno. Mary Luz Ventura, originaria de la comunidad Totoral Chico, lo resume: “Aquí viviré, aquí envejeceré, y aquí veré todo. Ellos se irán, pero nos dejarán el desecho. Por eso lucho” (Corrales, 2024).
A pesar de estos desafíos, las mujeres indígenas no solo se oponen al extractivismo, sino que también promueven alternativas sostenibles. En diversas regiones, lideran iniciativas de agricultura ecológica, restauración ambiental y soberanía alimentaria. Dayana Blanco, joven activista aymara, trabaja en la recuperación del Lago Uru Uru utilizando plantas nativas y saberes ancestrales. “Lo que hacemos también es ciencia”, afirma, resaltando la importancia de estas prácticas para mitigar los efectos del extractivismo (El País, 2025).
Estas acciones contribuyen a un modelo de desarrollo alternativo, fundado en la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Este enfoque reivindica la relación ancestral de los pueblos indígenas con la naturaleza y demanda un desarrollo inclusivo que garantice derechos colectivos y equidad. Para ello, se requiere voluntad política y reformas estructurales que limiten la expansión extractiva, fortalezcan la consulta previa y reconozcan el rol de las mujeres indígenas como actoras centrales en la gestión ambiental y territorial.
La discriminación hacia las mujeres indígenas en el contexto del extractivismo es un fenómeno preocupante. Estas mujeres enfrentan una doble marginación: como miembros de comunidades indígenas y como mujeres. Las actividades extractivas no solo destruyen el medio ambiente, sino que también incrementan la violencia, la pobreza y las enfermedades, dejándolas con la responsabilidad de cuidar a sus hijos afectados por la contaminación (ADHMA, 2024). Además, enfrentan dificultades para acceder a la justicia y obtener reparación, lo que agrava su situación. En su resistencia, las mujeres indígenas no solo defienden sus territorios, sino que los reconfiguran como espacios de dignidad, memoria, vida y futuro (Miranda Hernández, 2024).
El rol de estas mujeres es esencial para la preservación del medio ambiente y la construcción de alternativas al modelo extractivo. No solo defienden los derechos de los pueblos indígenas, sino que exigen el cumplimiento del marco regulatorio ambiental y sectorial vigente, mientras impulsan la creación de nuevas normativas y políticas que garanticen justicia climática y protección de la vida. Sus voces, firmes y colectivas, son fundamentales para la construcción de un futuro sostenible, no solo para Bolivia, sino para el mundo entero.
Ing. Fabiola Azcuña Castro
Redactora de contenido especializada
Bajo Mi Sombrero Verde
