CUANDO SE CORTA EL AGUA, TAMBIÉN SE VULNERAN COMPROMISOS INTERNACIONALES
En Bolivia, cortar el suministro de agua como forma de presión no solo es inaceptable: es una práctica que jamás debería tener lugar en un Estado de derecho. Aun así, estas acciones han dejado de ser hechos aislados y se repiten de forma reiterada en contextos de conflicto. Se han convertido en una práctica recurrente que, más allá de lo coyuntural, pone en riesgo principios fundamentales: el derecho humano al agua, el equilibrio de los ecosistemas y la coherencia de los compromisos asumidos por el Estado a nivel internacional.
Cuando el agua deja de fluir, no solo se interrumpe un servicio: se vulnera el acceso a un derecho esencial, se expone a comunidades enteras a riesgos sanitarios y se compromete la salud ambiental de territorios frágiles.
En este escenario, la desconexión entre lo que Bolivia declara en foros internacionales y lo que aplica en el terreno debilita su credibilidad institucional y profundiza las crisis ambientales, sociales y éticas que el país ya enfrenta.
Entre leyes y silencios: ¿Qué dice el marco normativo?
El derecho al agua está respaldado por múltiples instrumentos legales en Bolivia. La Constitución Política del Estado lo reconoce como un derecho humano fundamental (arts. 16 y 20), y exige al Estado proteger el medio ambiente (art. 342). Sin embargo, estas garantías se ven socavadas cuando se interrumpe el servicio sin razones técnicas ni respaldo legal.
La Ley del Medio Ambiente (Ley 1333) establece el deber de preservar el agua como recurso vital, prohíbe acciones que causen daño ambiental y establece sanciones claras. El Reglamento de Prevención y Control Ambiental (DS 24176) exige evaluar los impactos de cualquier acción que afecte los recursos naturales. ¿Acaso se evalúan las consecuencias ambientales de cortar el agua en comunidades vulnerables?
La Ley 2066 de Servicios de Agua Potable refuerza este marco: reconoce el acceso al agua como un derecho básico y exige a los operadores garantizar su continuidad, salvo excepciones justificadas por fuerza mayor. A esto se suma la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, que protege el ciclo natural del agua como parte de los derechos propios de la naturaleza. Interrumpir el suministro, incluso temporalmente, es ir en contra de estos principios.
La brecha entre el discurso y la acción
A nivel internacional, Bolivia ha sido promotora de iniciativas como la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y defensora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, cortar el agua socava estos compromisos.
Cuando se corta el suministro de agua, también se afecta el cumplimiento de compromisos internacionales.
Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que busca asegurar que todas las personas tengan acceso a agua limpia y servicios de saneamiento, se ve directamente comprometido. Lo mismo ocurre con el ODS 15, que tiene como meta proteger los bosques, el suelo y la vida en los ecosistemas terrestres.
Estas metas no pueden cumplirse si se interrumpe el acceso al agua de manera injustificada, ya que eso genera impactos graves tanto para la salud de las personas como para el equilibrio de la naturaleza. Estas acciones obligan a comunidades a depender de fuentes no seguras, aceleran el deterioro de humedales, agotan acuíferos y profundizan la degradación de suelos.
Según un informe del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hasta el año 2022 el 41 % del territorio boliviano ya enfrenta procesos de desertificación.
Bolivia, además, es parte de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que exige aplicar políticas de conservación del suelo y adaptación a la sequía. Restringir el acceso al agua sin base técnica no solo contradice estos compromisos, sino que intensifica la vulnerabilidad de zonas ya degradadas
Además, Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que exige estrategias de conservación del suelo y mitigación de la sequía. ¿Cómo cumplir estos objetivos si, en lugar de proteger las fuentes de agua, se utiliza su acceso como herramienta política?
El impacto va más allá del agua
Las consecuencias de interrumpir el suministro no son solo ambientales: afectan directamente la institucionalidad del país. Reiterar estas prácticas puede activar observaciones de organismos internacionales como ONU Agua, el PNUD, la FAO o el Consejo de Derechos Humanos. Un informe desfavorable no solo pone en tela de juicio la imagen de Bolivia: también limita su acceso a recursos estratégicos como el Fondo Verde para el Clima o el Fondo de Adaptación, vitales para enfrentar la crisis hídrica.
Desde el punto de vista del derecho internacional, este tipo de decisiones contradice el principio de no regresión ambiental, que impide a los Estados disminuir los niveles de protección ya alcanzados. Además, la falta de coherencia entre lo que se firma y lo que se hace genera desconfianza en la ciudadanía y erosiona la legitimidad del Estado.
Proteger el agua es proteger la vida
En un país como Bolivia, que ha construido buena parte de su discurso internacional en torno al respeto por la Madre Tierra, cortar el agua no solo es un error político: es una contradicción ética, legal y ecológica.
No podemos defender los derechos de la naturaleza y, al mismo tiempo, vaciar los ríos, agotar los acuíferos o exponer a las comunidades a enfermedades. No podemos exigir solidaridad internacional mientras vulneramos nuestros propios compromisos. Y no podemos hablar de sostenibilidad si permitimos que el agua se convierta en una herramienta de presión, en lugar de un derecho garantizado para todas y todos.
El desafío hoy no es solo restituir el servicio donde ha sido interrumpido. Es reconstruir la confianza, recuperar la coherencia institucional y garantizar que el agua; fuente de vida, equilibrio y futuro; no vuelva a ser usada como moneda de cambio.
